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Con el fin de sancionar con mayor severidad a los funcionarios públicos que cometan el delito de tráfico de influencias, el Diputado Luis Manuel Calzada presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado en su artículo 287.

Con esta reforma se plantea sancionar el delito de tráfico de influencias con una pena de dos a nueve años de prisión y sanción pecuniaria de cien a mil días de salario mínimo, destitución e inhabilitación del funcionario para el desempeño de su empleo o cargo público por el doble lapso de la pena de prisión que sea impuesta.

Manifestó que este delito lo puede cometer un servidor público o cualquier otra persona, que por si o a través de otra persona, promueva o gestione  la tramitación o resolución lícita o ilícita de asuntos particulares relacionados con la administración pública, por los cuales obtenga un beneficio económico.

Actualmente, el Código Penal considera una pena de uno a cuatro años de prisión y sanción pecuniaria de veinte a ochenta días de salario mínimo, así como destitución o inhabilitación en el desempeño de su empleo por el doble del lapso de la privación de la libertad que sea impuesta; lo cual, según consideró el legislador, es muy poco para el daño que hace a la ciudadanía.

“Lo que estos datos nos revelan es que en San Luis Potosí a un servidor público le sale muy barato, en términos de pena de prisión, el cometer el delito de tráfico de influencia, independientemente de que en todos los casos alcanza fianza”.

Consideró que en San Luis Potosí, este delito tiene penas muy bajas si se compara con otras entidades del país, por lo cual es necesario que se realice dicha reforma, ya que además de ir en contra de la moral pública, también redunda en un daño al gasto público al eliminar los recursos derivados de la recaudación por concepto de servicios básicos a la población.

“Lo que se busca es que el servidor público sepa que la ley castiga la corrupción, el engaño, los vicios y que no tolera servidores públicos de ínfima calidad humana y moral y que la ley pretende erradicar la impunidad al imponer una sanción adecuada a quienes transgreden la confianza depositada en su encargo”.

Por último Calzada Macías precisó que esta iniciativa de reforma será presentada en breve ante el pleno del Congreso del Estado para su análisis y su turno correspondiente a las comisiones de dictamen legislativo.